La llegada de 7.890 auxiliares de conversación extranjeros a España el próximo curso está en el aire por el conflicto abierto entre el Gobierno y algunas comunidades. El Ministerio de Educación ha abierto a las autonomías el programa para que estos jóvenes estén en las aulas a partir de octubre, pero de momento pende de un hilo porque ciertas autonomías exigen garantías de que no se repetirá el patrón sancionador de años anteriores: la Inspección de Trabajo ha multado con 23,7 millones a la Comunidad Valenciana, Aragón y Andalucía porque considera a los auxiliares “trabajadores” y no están dados de alta en la Seguridad Social. Esta última región ya canceló el verano pasado el viaje de 1.806 auxiliares y unos 300.000 alumnos han sufrido este curso el deterioro educativo al no poder mejorar su dicción del inglés, francés, portugués o alemán.
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