Es difícil encontrar a algún dirigente del PSOE, con cargo institucional o no, que este viernes defienda que a Pedro Sánchez le conviene estirar la legislatura hasta 2027, que está a la vuelta de la esquina. Hasta ahora, todos habían entendido que en el anuncio de la presentación de los Presupuestos del Estado antes de final de año iba implícita la decisión de convocar las elecciones en el primer trimestre de 2027, pero el panorama empezó a nublarse con el salto masivo de Ceuta. Nadie encontraba fecha buena. Los primeros meses del año parecían demasiado pronto para alejarse de esa crisis; el superdomingo con las municipales y autonómicas está descartado y los alcaldes socialistas han preferido siempre que las generales se celebren antes para librarse de la contaminación del debate nacional. El calendario era endiablado hasta que el desahucio de Maricarmen Abascal ha cambiado el marco y la derrota del principal decreto con medidas de vivienda es equiparable en términos políticos al previsible fracaso de unos presupuestos. La legislatura está definitivamente sentenciada y la disolución de las Cortes, justificada.
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